Luz verde al proyecto de real decreto-ley que modifica las reválidas de la LOMCE

Las de 6º de Primaria y 4º de ESO serán muestrales, de contenidos esos cursos y la de Bachillerato la harán los alumnos que quieran ir a la Universidad

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El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que introduce cambios en las evaluaciones finales de Primaria, ESO y Bachillerato. Ya no tendrán efectos académicos ni las harán obligatoriamente todos los alumnos.

En concreto, el Gobierno modifica la disposición final quinta de la ley educativa, relativa al calendario de implantación de la misma, con el fin de «proporcionar seguridad jurídica» sobre las características y efectos de las evaluaciones mientras se alcanza el pacto educativo.

Este texto cuenta ya con el visto bueno de la mayoría de las comunidades autónomas, reunidas el pasado 28 de noviembre en la Conferencia Sectorial de Educación, y deberá ser convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados, además de pasar por los órganos consultivos.

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que este proyecto normativo es fruto de los compromisos alcanzados con Ciudadanos en el acuerdo de investidura y también materializa la promesa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al PSOE de suspender los efectos académicos de las llamadas ‘reválidas’. «El Gobierno cumple», ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que los datos «esperanzadores» del informe PISA 2015 de la OCDE, publicados el pasado martes, y los del documento internacional TIMMS sobre el conocimiento de Matemáticas de los alumnos de 4º de Primaria, así como la reducción del abandono escolar temprano en siete puntos desde 2011, «permiten mantener una progresión positiva en la estrategia nacional para fortalecer la posición prioritaria de este Gobierno otorga al pacto nacional por la Educación».

La evaluación de 6º de Primaria será muestral y no censal, de manera que las comunidades autónomas elegirán una serie de centros para hacer esta prueba y no tendrán que realizarla todos los alumnos obligatoriamente como el curso pasado cuando se realizó por primera vez. No obstante, el Ministerio de Educación señala que esto no impide para que si alguna administración autonómica quiere someter a todos sus estudiantes a la evaluación, lo pueda hacer.

La evaluación final de la ESO también será muestral, participando únicamente en ella el alumnado matriculado en 4º que haya sido seleccionado por la Administración educativa; se limitará a las materias troncales generales del último curso y no a las de toda la etapa; no tendrá efectos académicos ni los resultados constarán en el expediente académico del alumno examinado.

La ‘reválida’ de 2º Bachillerato sólo la tendrán que realizar los alumnos que quieran ir a la Universidad porque esta prueba sustituye a la antigua Selectividad. No tendrá otros efectos académicos que los del acceso a las enseñanzas de Grado y se limitará a las materias troncales generales del último curso y las materias troncales de opción para subir nota, y no a las de 1º y 2º como establece la LOMCE.

Las características, fechas y contenidos de estas pruebas se regularán a través de una orden ministerial, que se encuentra en fase de borrador, cuyo contenido lo debatirá la próxima semana la comunidad educativa en el Consejo Escolar del Estado, órgano consultivo por el que tiene que pasar toda la normativa en materia de enseñanza. «HACIA UN NUEVO SISTEMA EDUCATIVO»

Desde el Ministerio de Educación señalan que esta suspensión de los efectos académicos de las Pruebas «no supone la paralización de las evaluaciones», cuya realización «no sólo es conveniente, sino que facilita información relevante para el diagnóstico del sistema educativo».

Asimismo, justifican que para poder realizar estos cambios, el Gobierno tiene que hacerlo mediante este decreto-ley, «hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación». Así, establece un «periodo de transición hacia el nuevo sistema educativo que permita su aplicación con todas las garantías», según subrayan desde el departamento de Educación.

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